La ley que crea el Régimen Provincial de Promoción de la Ganadería preocupa a referentes del sector que la misma norma propone favorecer. Fue sancionada por el Senado a fines del mes pasado (Diputados la aprobó en diciembre) y el Ejecutivo debe definir por estos días si es que la promulga.
La legislación tiene el objeto de "incrementar la producción local, asegurando su calidad y competitividad comercial a través de la integración de la cadena de valor", según consigna en su primer artículo.
Lejos de eso, actores de la cadena de producción ganadera salteña sostienen que se persiguen fines recaudatorios. Critican, además, una disposición de la ley que instaura una sociedad anónima para establecer valores referenciales de granos destinados a la transformación en carnes, leches, huevos y sus derivados.
El proyecto aprobado por la Legislatura, que fue elaborado por el Ejecutivo, propone la modificación, sustitución e incremento de tasas ya establecidas para la ganadería.
"Se utilizan tasas con criterios recaudatorios", afirmó a El Tribuno Carlos Segón, expresidente de la Federación de Entidades Rurales de Salta (Federsal). "Las tasas tienen que ser un servicio realmente prestado y el valor del impuesto tiene que estar relacionado con el costo del servicio que se presta", agregó el dirigente.
Una de las cargas que se crearon se aplican sobre una tasa que es emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Para el traslado de ganado es obligatorio contar con el documento de tránsito animal (DTA) que emite ese organismo, pero con la nueva ley ese permiso solo será válido si previamente se encuentra visado por la autoridad de aplicación local.
"Se duplica el costo a la cadena de valor de los establecimientos bajo el control del Senasa por el visado de la documentación de la hacienda en tránsito", señaló a este diario el empresario Franco Brunetti, dueño de un frigorífico.
"Esta ley pretende tener injerencia y competir con la ley nacional creadora del Senasa", denunció.
SOCIEDAD ANÓNIMA
El establecimiento de una sociedad para la regulación de los precios de los granos genera sospecha.
"No tiene ningún sentido porque el precio de los granos es totalmente transparente", sostuvo Segón. Y afirmó: "Los fondos que la ley prevé para esa finalidad vienen de las tasas sobre el transporte o el consumo de carne; es decir que estaríamos todos los salteños aportando para que se beneficien unos cuantos ganaderos".
"Quién será el iluminado que presida la sociedad anónima que tenga en sus manos el poder de fijar precios, a quién se le compra y vende y en qué condiciones, habrá hijos y entenados", dijo Brunetti.
Ante las críticas, en el Gobierno analizan vetar la constitución de la sociedad anónima y el artículo que establece que el 80% de los fondos generados por la aplicación de la ley se destinaría al fomento ganadero, que también fue cuestionado desde el sector productivo.
