El conflicto por la Resolución 125 en 2008 fue sin dudas un termómetro de la exposición pública que supo tener el sector agropecuario a partir de una de las situaciones más conflictivas ocurridas en la historia de nuestro país.
En ese momento el campo alcanzó su máxima popularidad ante gran parte de la sociedad que empatizó con los miles de hombres y mujeres que producen la tierra ante el avasallamiento del poder político que representaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien intentó imponer mayor presión fiscal con las famosas retenciones móviles.
Imposible olvidar los actos multitudinarios en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario y en el Monumento a los Españoles en los bosques de Palermo, en Buenos Aires, donde casi 500 mil personas coincidieron en defensa del campo y de la república y en contra de una forma de ejercer el poder.
En aquel contexto de conflictividad, alimentado por cientos de cortes y piquetes en las principales rutas del país durante más de 4 meses, tuvo su bautismo la Mesa de Enlace, conformada por las cuatro entidades rurales (Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, Sociedad Rural y Coninagro), surgida con un objetivo común: rechazar las retenciones móviles del Gobierno kirchnerista.
Cuando parecía que el campo iniciaba el camino para mejorar la visión sesgada que tiene la sociedad argentina de los productores, a través de cambios en la forma de comunicar, no se logró capitalizar la enorme oportunidad que le había presentado la historia. Dirigentes, chacareros e instituciones no supieron llegar con un mensaje claro a la gente y dejaron pasar un momento único e irrepetible para intentar modificar viejos vicios y mitos de la opinión pública hacia el agro.
Comunicar lo que significa el campo y la agroindustria, explicar a la sociedad lo que representa económicamente para el país, ya sea en la generación de empleo, de recursos y divisas genuinas que ingresan a través de la exportación de alimentos al mundo, es una forma de empezar a conquistar la confianza de las personas de los grandes centros urbanos, que si bien no dependen directamente del agro, son beneficiarios de la riqueza que aporta el sector a toda la Argentina.
Para ello, se requiere de una agresiva estrategia comunicacional, cultural y política, dotada de recursos importantes para poder llevarla a cabo. El aporte de las empresas debería ser crucial para lograr ese objetivo, si lo que se pretende es revertir la distorsionada imagen que tiene el campo ante la sociedad.
Es necesario un trabajo serio para explicar a la gente que en el campo también existen las diferencias: no es lo mismo un productor de 100 hectáreas de Chaco que un chacarero de 3.000 hectáreas de la Pampa Húmeda.
No todos los productores son millonarios, ni todas las economías regionales son tan prósperas como parece.
Por falencias propias en la comunicación del sector o por prejuicios arraigados en nuestra sociedad durante décadas, la opinión pública tiene una mala imagen de los que producen la tierra en Argentina. Todavía se siguen escuchando en el imaginario colectivo frases como “la oligarquía ganadera”, “los terratenientes”, o “los del campo son millonarios”. Probablemente existan ejemplos que se ajusten a esa realidad, pero es injusto generalizar porque se estaría poniendo en la misma bolsa a todos los empresarios agropecuarios.
Una encuesta de los analistas Jorge Giacobbe (hijo) e Iván Ordóñez, realizada en octubre pasado sobre 2.500 casos a nivel nacional, reflejó que la sociedad define al campo como “especuladores, oligarcas y explotadores”. El estudio estuvo enfocado en medir la persistencia de los mitos sobre el sector agropecuario que están enraizados en Argentina y para entender el entramado que en muchas ocasiones provoca una desconexión entre el agro y las principales ciudades del país.
A partir de la compulsa se llegó a la conclusión que para gran parte de los consultados el productor agropecuario tiene la mitad de imagen positiva que el trabajador rural, y es visto como un “antihéroe”. Por eso, los analistas coincidieron que en este contexto “es fácil para los gobernantes meterle la mano en el bolsillo a los productores, porque la sociedad está de acuerdo con ello”.
En varios segmentos de la población el campo es visto como un sector egoísta y dueño de una renta extraordinaria, por lo que consideran razonable que se le aumenten los impuestos. Este concepto de la gente hacia el sector más dinámico de la economía se profundizó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, quienes fueron responsables de alimentar el resentimiento existente en la población hacia el agro.
Por eso, es clave que todas las instituciones del campo se pongan a trabajar en una seria y profesional estrategia de comunicación, que vaya acompañada de la formación de líderes que sean capaces de transmitir mejores mensajes a la sociedad. Claro que no es tarea sencilla, porque hay que cambiar décadas de prejuicios y visiones distorsionadas. La oportunidad perdida tras el conflicto por la 125 ha quedado en el pasado. Si se pretende modificar la imagen negativa que tiene una porción importante de la población sobre el sector agropecuario hay que empezar a construir desde los cimientos una estrategia que definitivamente de resultados.
Poder posicionar a los productores rurales en un lugar de reconocimiento, prestigio y respeto dentro de la opinión pública, hará que el campo sea menos vulnerables frente al sistema político y su voraz afán recaudatorio –quedó claro con la reinstauración de las retenciones–, como sucede por ejemplo en Estados Unidos, donde los “farmers” son verdaderos íconos fundacionales de la construcción y el desarrollo de ese país.
