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Emergencia agropecuaria en Chaco: punto por punto, los beneficios para cada actividad

"Definimos un paquete de 2.500 millones de pesos en asistencia crediticia, bonificaciones de tasas y subsidios directos”, indicó Capitanich tras las reunión con los productores en la que identificaron cerca de 104 mil hectáreas perjudicadas por la sequía y las altas temperaturas.

Junto al comité de emergencia agropecuaria, el Gobernador de Chaco- Jorge Capitanich- acordó declarar la emergencia por 180 días para el sector agrícola, apícola y ganadero en 15 departamentos de la provincia. Esto implica un paquete de financiamiento por 2.500 millones de pesos en asistencia crediticia, bonificación de tasas y subsidios directos al productor.

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Según el grado de afectación se definió que serán los departamentos de San Fernando, 1º de Mayo, Libertad, General Donovan, Sargento Cabral, Libertador General San Martín, Maipú, General Güemes, Almirante Brown, Independencia, Quitilipi, 25 de Mayo, Tapenagá, Bermejo y Comandante Fernández.

El gobernador explicó que entre los últimos 18 y 20 meses el déficit hídrico en algunos departamentos fue de entre 400 y 800 milímetros, afectando casi 104 mil hectáreas. “Una afectación muy significativa en la humedad y en la capacidad productiva del suelo, y si a eso lo ponemos en valor son cerca de 10 mil millones de pesos, que sumado al lucro cesante, o sea lo que se dejó de producir producto del impacto total de la sequía, el costo es de 34 mil millones de pesos”, detalló.

Capitanich resaltó que, sumado a la declaración de emergencia, la Provincia implementará una serie de iniciativas junto a Nación. “A través de la ley 25.509 definimos un paquete de 2.500 millones de pesos en asistencia crediticia, bonificaciones de tasas y subsidios directos. Eso se regula a través de siete puntos que efectivamente formarán parte de resoluciones, con un plan de acceso y comunicación para los productores”, dijo.

Durante la reunión se realizó un debate particular sobre algunos departamentos, por el grado de afectación en las diferentes zonas. “No obstante el artículo 2 va a brindar al Ministerio de Industria la facultad para garantizar la identificación de zonas específicas dentro de cada departamento de acuerdo al grado de afectación por déficit hídrico”, aclaró el gobernador.

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Acompañaron al gobernador en la reunión el ministro de Industria, Producción y Empelo, Sebastián Llifton, la subsecretaria de Agricultura, Flavia Francescutti, y el vocal de la Administración Provincial del Agua (APA) Gustavo D’Alesandro. Estuvieron presentes los referentes de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Viter; del INTA Sáenz Peña, Oscar Marcon y Astor López; de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros, Miguel Kolar; de la Federación Agraria, Vicente Trovnsky y Agustín Funes; de la Sociedad Rural de Quitilipi, Juan Carlos Conci; y del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, Diana Gómez.

Siete medidas

En la misma sintonía el ministro Lifton señaló que la inclusión del resto de los departamentos “continúa en debate”. “No tenemos que ser apresurados, existen diferentes posturas respecto al grado de afectación de la producción, porque hay cultivos que todavía no entran en la etapa de cosecha, con lo cual en este momento aún no se pueden determinar pérdidas que puedan surgir en marzo, abril o mayo”, argumentó.

Comentó además que posterior a la firma del decreto se realizarán las presentaciones correspondientes ante el Gobierno nacional para que lo homologue, y que eso permita generar los esquemas de compensación a pequeños y medianos productores, tanto agrícolas como apícolas y ganaderos para, a partir de ahí, trabajar los siete puntos consensuados.

Como parte de los siete puntos establecidos, se solicitará ante el Fondo de Emergencia Agropecuaria una asistencia de 200 millones de pesos en el marco de la ley 26.509.

En el caso del maíz y la soja se brindará asistencia en el inicio de la nueva campaña agrícola a través de la tarjeta de crédito Tuya Rural con promociones y Tuya Recargable con distintos tipos mecanismos de bonificación en la compra de combustible o insumos. Los insumos serán determinados de acuerdo a sus propiedades para la preservación de la calidad de los suelos, buscando potenciar rendimientos.

Para el algodón en emergencia (campaña 2021/22) se acordó la compensación económica directa proveniente de los fondos de la Ley 26.060. “El algodón tiene una asignación de emergencia por un fondo de compensación directa por 60 millones de pesos, tenemos entre 218 y 225 mil hectáreas de siembra. En ese contexto a través de la provisión de semillas la Provincia financia casi el 40% de la producción”, indicó el gobernador.

La provincia cuenta con un sistema de alerta provincial mediante lotes testigo sembrados con soja y maíz con cobertura paramétrica de sequía. Los lotes asegurados están distribuidos en el territorio provincial en forma equilibrada: el sistema utiliza imágenes satelitales para determinar el valor de un índice de sequía que es uniforme en un área de 10.000 hectáreas. Por lo tanto, si existe afectación para un campo con soja o maíz se asume que los campos con algodón cercanos estarán afectados también.

Para la soja declarada en el Sistema Informático de Productores Agrícolas Chaqueños (SIPACH) -campaña 2021/22- se hará un reintegro del 25% del costo del flete largo durante el 2022, contra presentación de la liquidación de venta. Generalmente se trata de productores que tienen hasta 150 hectáreas. Esto representa una estimación de 104 millones de pesos en total.

En cuanto a la ganadería la propuesta es un complemento para el Plan Ganadería Argentina (GanAr) que consiste en créditos de hasta $4.000.000 a través del NBCH con garantía del FOGACh, y 17 puntos de tasas bonificadas (Nación bonifica 7 puntos y la Provincia los otros 10).

Mientras que para el sector de la producción frutihortícola se otorgarán créditos flexibles -cerca de 8 millones de pesos identificados- para adquirir e instalar sistemas de riego a través de la Ley 473-I (antes Ley 2918).

Para los productores registrados en SIPACh la sistencia es de créditos blandos para la siembra de cultivos de servicio, a través de la Ley 473-I (antes Ley 2918). Los cultivos de servicio permiten una mejora paulatina de las condiciones físicas y químicas del suelo. Son más económicos que el uso de fertilizantes y más efectivos para mejorar la infiltración y aireación radical.