Con el nuevo esquema de retenciones que se actualizó después de esa resolución de Boletín Oficial del sábado de hace dos semanas, el Gobierno cambió el esquema impositivo para el agro. Según el índice que elabora la Fundación FADA, considerando los derechos de exportación de 30% para soja y 12% para el resto de los cultivos, la medición de diciembre de 2019 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 60,4% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.
Sobre eso dialogó con Radio Campo -por Radio Colonia- el economista Jefe de la Fundación FADA, David Miazzo, que explicó que, entonces, de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $60,40 se lo llevan los distintos niveles de gobierno.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 60,4%, la participación del Estado en soja es del 64,5%, maíz 53,9%, trigo 53,5% y girasol 62%. Las diferencias entre cada cultivo radican en los impuestos, como el caso de soja que tiene 18% más de derechos de exportación que el resto, y en la renta que genera cada cultivo, a menor rentabilidad mayor participación relativa de los impuestos.
Ese 60,4% de participación del Estado está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables explican el 62,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Uno de los datos que señalaba Miazzo es que con la actualización o suba del inmobiliario rural bonaerense, que será en promedio de 50 a 55%, subirá 1% el índice de participación del Estado en la renta agrícola. “Lo que dicen las provincias es que, si la inflación fue alrededor del 50%, deben subir el impuesto en ese monto, pero lo que explican los productores es que sólo se contemplan sus recursos fiscales, y no se tiene en cuenta que la Nación subió los derechos de exportación, los Gobiernos municipales las tasas viales, y entonces cada Estado viene subiendo sus impuestos como si fuese el sector público el único que está en emergencia y no los privados”, concluyó el especialista.
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