La suba de valores para la tasa que cobra el municipio de Victoria por el uso de corrales y bretes desató una catarata de quejas en el ámbito del ruralismo entrerriano, incluso nacional.
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Sucede que el servicio resulta esencial para todo aquel productor que mueva hacienda en islas y toman el ajuste como un castigo más al sector, tanto que lo definen como “otro golpe de muerte a la ganadería”.
Lo concreto es que la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -Farer- y Confederaciones Rurales Argentinas -CRA- respaldaron tal definición hecha por escrito desde la Rural de Victoria y la Comunidad Islera Asociación Civil. Ese pool de organizaciones expresó “preocupación” ante la sanción de la Ordenanza 4256/2024, aprobada en el Concejo Deliberante por mayoría el pasado jueves 18 del corriente, la cual establece nuevos valores a la tasa por uso de corrales y bretes para carga y descarga de animales.
Describen que este servicio que opera bajo la órbita de la Municipalidad de Victoria “aplica montos desmedidos que no se condicen con la prestación brindada, somete a la actividad ganadera a una mayor carga fiscal que se suma a una pesada mochila de tasas e impuestos preexistentes y sólo intenta oxigenar las flacas arcas municipales, producto de malas administraciones donde la política no ha realizado ningún gesto de austeridad”.
Por si fuera poco, dejan claro que “esta ordenanza más que definir un aumento de tasa, termina siendo un impuesto encubierto porque para ajustarse al término tasa, el mismo debiera estar acompañado de una contraprestación, hecho que fácticamente no sucede”.
En consecuencia, proponen que el Poder Ejecutivo Municipal vete total o parcialmente la Ordenanza 4256, ya que, -definen-, “de promulgarla, las consecuencias negativas impactarán fuertemente en una de las principales actividades económicas del departamento”.
