El debate surge tras la medida establecida por el Gobierno de regular el precio del pan como consecuencia de la inflación y la guerra en Ucrania
El Gobierno nacional extendió el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), y desde diferentes sectores de la industria se mostraron en favor y en contra de la medida que subsidia la harina con fondos de la soja. La volatilidad del precio se vio influida por el nivel inflacionario del país, sumado la guerra entre Rusia y Ucrania, principales productores.
Por un lado, la industria molinera considera que solo provoca distorsiones en el mercado. Ese criterio es compartido por la producción primaria, tal como lo han explicado en varias oportunidades desde las 4 entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, FAA y Coninagro).
Por otro lado, un sector de los panaderos la consideran necesaria para contener el valor de ese alimento ante el contexto inflacionario de la economía local. A eso, se suma la volatilidad del precio del cereal en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos de los máximos productores y exportadores de ese cultivo.
¿Quiénes se oponen a la medida?
La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM)
La Cámara de Industriales Molineros (CIM)
La Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina
(APYMIMRA)
A través de un comunicado, desde FAIM aseguraron que “la justificación para la intervención del mercado de trigo se basó en el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, avanzado el conflicto, esa situación ya no tiene vigencia. Por ende, la extensión del FETA por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 288/23 es innecesaria e inconveniente, por lo que se solicita su derogación”.
En ese sentido, desde la entidad remarcaron que la industria considera que las medidas para asegurar el acceso al pan deben concentrarse en la demanda y no en la oferta. “Carece de sentido mantener un sistema que no ha logrado su objetivo de estabilizar el precio del mismo, e inclusive de los otros productos farináceos”, argumentaron.
Desde CIM se sumaron al reclamo y pidieron reorientar los recursos, que el Gobierno obtiene a partir de un porcentual de las retenciones a los derivados de la soja, a otro destino “que beneficie realmente a quienes lo necesitan, en lugar de malgastar las divisas que tanto nos cuesta conseguir”.
Por último, APYMIMRA aseguró: “Lo hemos dicho desde el momento en que el FETA fue creado e instrumentado, en marzo del 2022: la incidencia del trigo en el precio del pan es marginal, esta herramienta no estabiliza el precio del kilo de pan, y, por lo tanto, no ayuda a los sectores más vulnerables. Esta política solo distorsiona el mercado, favoreciendo a los molinos más grandes en detrimento de los más pequeños”.
¿Quiénes están a favor?
La Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), la cual nuclea a más de 8 mil panaderías a través de cámaras y centros asociados.
Según los panaderos, desde su implementación se pudo “inmediatamente sostener el precio del pan, espaciando en el tiempo los aumentos que inevitablemente deben darse por la inflación”.
Si bien consideraron que la herramienta podría mejorarse, aplicándose a una mayor cantidad de tipos de harina y establecer un porcentaje mínimo de gluten para la comercialización con el subsidio del fideicomiso, evaluaron que “su efectividad es indiscutible, permitiendo que no falte en la mesa de los que menos tienen el alimento más consumido por los argentinos”.
Molinos Cañuelas, la firma que más fondos recibió por parte del FETA y fue cuestionada por la oposición en la Justicia, afirmó que se trata de “un sistema al que pueden entrar todos los molinos harineros del país, en forma libre y voluntaria, sin que existan requisitos diferentes para unos y otros”.
“El sistema subsidia el precio de la harina, que es utilizada para la elaboración de una gran cantidad de productos de consumo masivo que forman parte de la canasta básica
alimentaria”, destacaron desde la empresa.
Por último, desde Molino Cañuelas explicaron que decidieron participar desde el inicio en el FETA porque a la vez forman parte del programa “Precios Justos”, con más de 100 productos.
“Esta participación no sería posible si no existiera el FETA, en la medida que esto implica mantener precios fijos sobre dichos productos”, concluyeron.
