La Cámara de Diputados debatirá en una sesión especial durante este jueves el proyecto de ley en la cual fija un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol en conjunto con la prórroga del sistema hasta el 2030. En los combustibles elaborados a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, esto será igualitario para el bioetanol a base de maíz utilizado en las naftas.

El 12 de julio es el plazo de vencimiento del régimen vigente que había sido prorrogado por 60 días firmado por el presidente Alberto Fernández en mayo, a través del decreto N°322 de la actual Ley N°26.093 que regula la industria del biocombustible.

Agrolink Radio dialogó con Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, quién explicó en detalles cómo funcionaba la ley N° 26.093 sancionada en 2006 y cómo afectaría la posible nueva ley en los biocombustibles. «Está bien que exista un nuevo proyecto de ley, pero debe ser superadora, este proyecto es muy negativo para la industria. La ley anterior debió prorrogarse para dar el espacio de tiempo necesario para lograr un debate profundo y llegar a un régimen superador de esa propia ley que fue sancionada en 2006 y el corte obligatorio fue en 2010», comentó Molina.

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Este nuevo proyecto entra en puja con el sector petrolero, ya que «los refinadores de petróleo no aceptan el negocio de los biocombustibles tal cual está planteado, sino que preferirían hacer su propio biocombustible o concentrase a través de un acuerdo con pocos productores». En este contexto, Molina exclamó: «Aquí está el conflicto grande, además está YPF una empresa petrolera de mayoría de capital del Estado con gran influencia sobre la política energética, mientras que los biocombustibles dependen en una secretaria de Energía, que en la práctica responde a los designios de YPF en termino de petróleo y energía privado».

En 2016, Argentina ratificó a través de la Ley N°27.270 el Acuerdo de París, el tratado internacional que compromete a los diversos países firmantes a reducir los gases que producen el calentamiento global. «Las medidas que se tomen en esa ruta no pueden retrotraerse, y lo que hacemos mediante este nuevo proyecto que pretende aprobar Diputados es retrotraer al biodiesel al 5% y darle la orden a la secretaria de Energía de bajarlo al 1%. Entonces estamos violando un principio de un tratado internacional que está por encima de la Constitución Nacional», recalcó Claudio Molina.

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En la Cámara Baja, según Molina, el oficialismo cuenta con los suficientes votos para que se dé el quórum, además diputados opositores de Juntos por el Cambio como Domingo Amaya y Osmar Moldani al igual que los radicales José Cano  y Jorge Rizzotti votarían a favor del proyecto de ley. «Los votos los tienen, aunque el problema es el tiempo debido a que, si Diputados da la media sanción, el Senado tiene fecha límite hasta el 12 de julio que es cuando vence la prórroga del decreto 322 de la extensión de la ley cuando el Gobierno no quiere sacar una nueva prolongación de la misma».

Al concluir la entrevista Molina indicó que: «Estamos en camino de una ley negativa que traerá consecuencias económicas que convalidará lo que faculta la secretaria de Energía mediante una ley».

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