9J San Nicolás

La Asociación Argentina de Productores Autoconvocados volvió a reclamar al Gobierno que cumpla con lo manifestado en el #9J San Nicolás. En esta ocasión, los autoconvocados enviaron una carta abierta a los poderes del Estado para que se cumplan con 8 puntos.

«Emplazamos a los representantes del Estado, en los niveles Nacional, Provincial
y Municipal, y en todas las jurisdicciones de la República Argentina, a tomar medidas concretas y efectivas que den evidencias claras de su compromiso con lo demandado en esta proclama en un plazo máximo de 20 días. De lo contrario, llevaremos a cabo medidas de fuerza destinadas a preservar los derechos e intereses de todos los ciudadanos productivos, cuyo esfuerzo es parasitado a diario para sostener los privilegios de los que goza la clase gobernante, así como el aparato clientelar del que ésta hace uso para sostenerse en el poder».

«Cualquier oferta de diálogo estará subordinada a la previa aplicación de medidas concretas. Sin acciones que den evidencias claras de la buena voluntad de los gobernantes, el diálogo no es más que un simulacro, una práctica dilatoria que ya no estamos dispuestos a tolerar».

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El reclamo en 8 puntos

1) Que el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más prudente que nunca. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso deben sancionar leyes ni tomar medidas cuya  constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible.

2) Que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva.
Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades puede desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales.

3) Que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto. Nadie que ocupe un cargo público debe hacer
declaraciones que relativicen o pongan en duda este derecho, pues al hacerlo no hablan en su propio nombre, sino en el del Estado, y el Estado no puede sostener opiniones contrarias a la Constitución.

4) Que es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven
forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad (como prestadores turísticos, gastronómicos, organizadores de eventos, entre otros). Todos los rubros afectados de manera directa por las restricciones sanitarias deben quedar exentos de cualquier tasa o impuesto nacional, provincial y municipal, y esta exención debe prolongarse el tiempo suficiente para que puedan recuperarse, ya que es el propio Estado el que les impide trabajar en nombre del bien común; y las limitaciones a su actividad no deben prolongarse ni un minuto más de lo estrictamente necesario.

5) Que la educación es un derecho inalienable, y sólo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país. Las escuelas deben ser lo último en cerrarse, lo
primero en abrirse, y la suspensión de clases presenciales debe ser por poco tiempo y sólo en los distritos en que resulte realmente indispensable.

6) Que el personal de salud es el principal afectado por la pandemia, y debe ser
reconocido no sólo en forma simbólica sino también económica. Ningún bono, aumento o beneficio otorgado por el Estado debe superar, en monto o porcentaje, a aquel que se otorgue a médicos, enfermeros y demás trabajadores del sistema de salud.

7) Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación, y cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda. El gobierno debe derogar inmediatamente
cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible.

8) Que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general, y del gasto
político en particular. La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis.