La reciente Resolución 460/25 del SENASA, que autoriza el ingreso inmediato de carne con hueso a la Patagonia, ha generado una fuerte reacción en el sector rural, llevando a la presentación de dos acciones legales en pocas horas. Esta medida, que permite el envío de camiones de carne de forma inmediata, fue recibida con preocupación por los productores, quienes argumentan su ilegalidad y la afectación de derechos adquiridos.
Argumentos centrales de la disputa en la Patagonia
Los ganaderos han atacado la resolución desde varios frentes:
- Legalidad de la medida: Se sostiene que la resolución va en contra de una ley nacional, en particular la Ley 24.305, que establece un programa nacional de lucha contra la fiebre aftosa y declara de interés nacional su erradicación en todo el territorio argentino. Cualquier acción gubernamental que contradiga esta ley de jerarquía superior sería inconstitucional.
- Afectación del derecho de propiedad: Los ganaderos patagónicos consideran que la medida impacta negativamente su acceso a mercados externos libres de aftosa, un estatus sanitario reconocido por la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal) y que forma parte de su patrimonio.
- Falta de consulta previa: Se denuncia que no se realizó la "consulta previa" a los afectados por la medida, un requisito establecido a partir de la aprobación de la Ley Bases.
- Vulneración de normativas: El recurso administrativo presentado ante el SENASA advierte que la resolución atenta contra la propiedad, el principio de legalidad, incumple con el deber de consulta pública (artículo 8 bis de la Ley 19.549), viola el Reglamento para la Elaboración de Proyectos Normativos e incumple con la finalidad de las Leyes Nacionales N° 3.959 (de Policía Sanitaria Animal), N° 24.305 y N° 27.233.
Acciones legales presentadas
La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, a través de su presidenta Nora Lavayén y el abogado Javier Perote, presentó:
- Un recurso administrativo ante la sede del SENASA en Viedma el viernes pasado antes de las 13 horas. En este, se advierte al organismo que la resolución "atenta contra la propiedad (el derecho adquirido), afecta al principio de legalidad" y diversas normativas.
- Un recurso de amparo ante la Justicia Federal, buscando la "salvaguarda de los derechos civiles y constitucionales de propiedad y de legalidad, contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria". La inmediatez de la aplicación de la resolución fue un factor clave para la presentación del amparo, ya que no otorgó margen para esperar la resolución del recurso administrativo.
Repercusiones y preocupaciones del sector
Roberto Gutiérrez, en declaraciones a La Red Rural, calificó la medida del gobierno nacional como "demagógica y política" y expresó dudas sobre la aceptación de los cortes por parte del público patagónico. Señaló que se trata de "un asado que sobra de animales grandes, que pesan entre 130 y 150 kilos más de los que consumimos acá, incluso con grasa más amarilla, por eso no sé si el consumidor local la va a aceptar".
Al momento de la difusión de la noticia, se observaba una "tensa calma" en la barrera de Río Colorado, sin registrarse aún cargamentos de asado con hueso, aunque se espera que comiencen a pasar a partir del lunes.
Los ruralistas han solicitado al juez que "restituya la jerarquía normativa que la resolución ha avasallado sin ningún tipo de reparo ni atención".
