Los límites sobre el uso de agroquímicos preocupan en el interior provincial, donde cada vez son más los municipios que sancionan ordenanzas para regular nuevas distancias de aplicación propias respecto a zonas urbanizadas. Mientras tanto, un proyecto de ley en ese sentido -que generó fuertes controversias- cuenta con media sanción y avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, aunque difícilmente se apruebe este año.
Se estima que son más de 70 las comunas que cuentan con ordenanzas que regulan el uso local de los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas, y cada vez se suman más. Mientras tanto, otros distritos trabajan en modificaciones de las vigentes.
En Tres Arroyos, por ejemplo, la ordenanza está próxima a aprobarse tras cinco años de debate. La concejal Mercedes Moreno, del Frente para la Victoria (FpV), espacio que impulsó el proyecto, dijo que la demora estuvo vinculada a que "estaba por salir la ley provincial", pero señaló que ésta "quedó con media sanción y virtualmente parada, entonces nosotros volvimos a avanzar en el tema".
En tanto, en Trenque Lauquen, evalúan modificar la actual legislación en medio de crecientes denuncias por la violación a la ordenanza vigente. En ese marco, el Municipio recordó cuáles son los límites de aplicación mediante un comunicado. Esta situación generó a su vez polémica con la oposición, que acusó a la secretaria de Medio Ambiente, Ana Paula Motrel, de "no estar a la altura de las circunstancias" frente a esta problemática.
En ese sentido, la diputada provincial María del Huerto Ratto, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, dijo a DIB que "es importante tener un marco regulatorio que ordene todas las disposiciones locales", aunque vaticinó que "difícilmente la ley provincial sea aprobada este año". "En lo que hay que avanzar es en una verdadera conciencia sobre la toxicidad de estos productos", sostuvo.
Una iniciativa polémica
Tras ser aprobada con fuerte polémica en el Senado bonaerense el año pasado, la iniciativa recibió recientemente diversas modificaciones en la comisión de Asuntos Agrarios, y ahora deberá pasar por las de Salud y Medio Ambiente, antes de ser tratada sobre tablas para su aprobación final.
No obstante, las reformas del proyecto tampoco conformaron a los ambientalistas, debido a que consideran que constituye "un retroceso" en comparación con las distancias establecidas en la mayoría de las ordenanzas locales.
El texto actual establece zonas de exclusión (ZE) y zonas amortiguación (ZA), y en ambos casos delimita distancias mínimas de aplicación. En las primeras, "se prohíbe todo tipo de aplicación" en 30 metros contados desde el límite de la zona urbana para todo tipo de aplicaciones terrestres, y de 500 a 2.000 metros en el caso de emplearse un avión.
Mientras que la zona de Amortiguamiento (ZA) se describe como "la superficie adyacente a determinadas áreas de protección, que requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido", y señala que comprenderá los primeros 500 metros lindantes al área urbana, zona residencial extraurbana y servicios educativos.
"El proyecto sigue siendo un retroceso, en la mayoría de los municipios las zonas de exclusión terrestre son de entre 100 y 500 metros, es decir, mayores a las que propone la iniciativa", dijo a DIB, Raúl Stevani, ingeniero agrónomo y docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
