El histórico reclamo por el mal estado de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires volvió a tomar relevancia por las fuertes lluvias y la amenaza de un “Super Niño” en el horizonte. Según explicó el abogado Jorge Moroni, los productores se empezaron a sumar a esta “ola de demandas contra los municipios” porque están cansados de transitar por calzadas intransitables que impiden sacar la producción y complican la vida cotidiana de las familias rurales.
En diálogo con Agroleaks de Neura Media, Moroni explicó que hoy los municipios cuentan con dos fuentes presupuestarias para sostener los caminos rurales. Una es el Fondo de la Ley 13.010, mejor conocido como Inmobiliario Rural,de un fondo con asignación específica. El otro es la Tasa vial municipal, una contraprestación directa que se cobra al productor para complementar el fondo provincial. Sin embargo, a pesar de esas dos herramientas legales, de asignación específica, el letrado aseguró que se detectaron irregularidades en su aplicación.
“Hemos detectado también que la plata que viene de la Ley 13.010 no se ejecuta totalmente en caminos. Por un lado eso, y por otro, que la plata que ingresan los productores como tasa directa a la afectación de caminos, las municipalidades, de acuerdo a las pericias contables que ya tenemos hechas en varias municipalidades, la mandan a rentas generales. Con lo cual el señor intendente tiene discrecionalidad para aplicarla a otras necesidades que tiene que cubrir el municipio y no necesariamente los caminos”, advirtió Moroni.
En ese contexto, el abogado detalló que cada vez hay más reclamos en la provincia de Buenos Aires y aseguró que por ahora los reclamos se concentran en las localidades de Azul, Bolívar, Tapalqué, Pila, Bragado, 25 de Mayo, Trenque Lauquen y Brandsen, Carlos Tejedor, 9 de Julio, Ayacucho, Rauch y Saavedra. "El productor concurre a la Justicia pidiéndole al juez que constate dos cosas: si el estado del camino es el adecuado y si el dinero de la tasa vial realmente se destinó a esa infraestructura", explicó el especialista.
Respecto a las sentencias en algunos distritos que vienen adelantados en la justicia con respecto a otros como es el caso de Daireaux, Moroni explicò que si bien apelaron en esta oportunidad para “profundizar la sentencia”, eso no atenta necesariamente con la velocidad en la que se ejecutan las resoluciones. “Estamos ante respuestas que a lo que era antes, hoy es la velocidad de la luz, por el expediente digital. Plazos de 10 años se redujeron a un año y medio o dos, para dos instancias”, aseguró.
Para el representante legal de los productores, el objetivo final de esta estrategia judicial no es desatar una batalla interminable, sino forzar un cambio de paradigma para avanzar hacia esquemas mixtos como los consorcios camineros o cooperativas que ya funcionan con éxito en Tandil, Benito Juárez o en la provincia de Córdoba. En estos modelos, los productores tienen participación directa, controlan los números y supervisan la ejecución de las obras junto a las municipalidades.
"La vía judicial busca que el juez diga: 'Usted no acreditó usar la plata para los caminos, por lo tanto no puede cobrar la tasa hasta que no solucione el problema'. A partir de ahí, nos sentaremos a dialogar honestamente con las autoridades municipales, CARBAP y las sociedades rurales para definir juntos el costo de la tasa y quién maneja el dinero", concluyó Moroni.
Mirá la entrevista completa de Jorge Moroni en Agroleaks acá:
