Algunos proponen que esa instancia –la adquisición del agroquímico– sólo debe estar en manos de agrónomos matriculados, mientras que otros creen que debe implementarse un registro abierto a cualquier persona que pueda demostrar, luego de una capacitación y evaluación, que cuenta con la capacidad necesaria para hacer un uso adecuado de los productos.
Los comentarios más interesantes también solicitan la instrumentación de un registro estadístico unificado sobre el volumen de agroquímicos empleado en el país, además de la implementación de evaluaciones sistemáticas sobre el impacto de las aplicaciones en el ambiente. A continuación se muestran las opiniones sintetizadas de la consulta pública –que es no vinculante– con la correspondiente identificación de cada autor:
“La prescripción de fitosanitarios es una incumbencia exclusiva de los ingenieros agrónomos matriculados. Se debe contar con un sistema en el cual existan dos recetas: una para adquirir los productos y otra para su aplicación con las suficientes especificaciones técnicas de preparación del caldo y de las condiciones ambientales y climatológicas para realizarla” (Carolina De Faveri)
“Sugeriría que la obligatoriedad de las recetas de prescripción agronómica, por parte de un profesional capacitado y habilitado, sea tanto para las aplicaciones como para la compra de los productos” (Nicolás Bronzovich)
“Considero que una parte del inconveniente es que como sociedad permitimos la libre compra de agroquímicos a cualquier individuo. Basta con pararse en cualquier agronomía de despacho al público en cualquier cinturón verde y verán horrorizados qué tipo de usuario compra agroquímicos: gente que no tiene ni el más mínimo conocimiento acerca de su aplicación y, peor, sin educación acerca de las consecuencias de su mal uso. No vamos a torcer la realidad con más regulaciones, sino creando verdadera conciencia y educación en los usuarios de tecnologías, las cuales están disponibles en forma masiva y, usadas conscientemente y con inteligencia, son increíblemente seguras. Debemos crear un sistema de legítimo usuario de agroquímicos (algo así como de armas). No podemos dar el poder a cualquier individuo de poder comprar libremente agroquímicos y aplicarlos al antojo” (Lucio Naya Garat)
“En España existe un sistema –Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria– que le asignan la responsabilidad del registro de las transacciones al usuario profesional y vendedor, con una previa certificación a través de un curso de habilitación. Con ese sistema se contribuye a garantizar la competencia de los usuarios y vendedores, además de asignárseles un rol directo en el registro de la trazabilidad de los productos” (Leandro Brambilla).
“Recomiendo que se implemente estadística oficial sobre la cantidad de agroquímicos y fertilizantes que se usan en el país, discriminados por cultivo, tipo, categoría de toxicidad y modo de aplicación. Que el Comité de Coordinación del SIFFAB (Senasa y los gobiernos provinciales), en conjunto con el Indec, establezcan la metodología de elaboración de las estadísticas a partir de datos de organismos oficiales (ministerios provinciales y AFIP). Que esta información sea actualizada por trimestre, discriminada por provincia y/o municipios y accesible públicamente” (Elba Stancich).
“Debería contarse con información suficiente, generada en nuestro país por los organismos nacionales y provinciales de control, sobre el impacto ambiental de cada uno de los productos fitosanitarios que se han aplicado en los últimos cuarenta años para cada tipo de suelos en cada región agroecológica. Los datos de laboratorio no son suficientes para registrar un producto para el uso a campo. Sólo las DL 50 no alcanzan para tales fines, por lo que creo necesario, tanto en las drogas técnicas de los fitosanitarios como en sus coadyuvantes, exigir información mas completa de su metabolismo en el medio ambiente con estudios aprobados por organismos competentes a tales fines y de público conocimiento” (Claudio Prieto).
“Creo que hay que ser implacable con el que no cumple las regulaciones; no se trata de lo que creemos, sino de respetar al otro y tenemos que asegurar de que no va a ocasionar ningún daño” (Francisco Galeazzi).
