“Lo que pasó fue grave y sabemos que puede ser peor, no descartamos que hagan denuncias penales infundadas o que las suspensiones sean por más días, que lleguen nuevos telegramas de despidos. Nosotros sabemos que esas son las armas que van a usar”, dijo el delegado gremial de aceiteros de Rosario, Marco Pozzi.
El sindicalista habló luego del cese de producción, durante cinco días y con suspensiones sin goce de sueldo para todos los empleados.
Los apoderados de la empresa informaron en un comunicado que "los paros no programados, que se suceden de forma frecuente en distintas áreas de trabajo, impiden operar en condiciones seguras”.
El conflicto en Cargill se originó a principios de año, cuando 33 operarios fueron despedidos. Desde entonces se iniciaron medidas de fuerza sorpresivas exigiendo la reincorporación de los empleados con un acampe en las puertas de la planta, que hasta ayer se encontró totalmente paralizada.
Sobre la reactivación de la planta ubicada en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, Pozzi explicó que se demoró a causa de un problema eléctrico en un sector que alimenta la energía de toda la fábrica.
“Abrieron las puertas a las seis de la mañana, pero estuvimos sin luz hasta las diez de la noche, así que la actividad normal comenzó a medianoche con la descarga de camiones”, indicó.
El martes hubo una nueva audiencia en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, de la que participaron directivos de Cargill, delegados gremiales y autoridades del organismo provincial.
Durante la reunión, los trabajadores presentaron denuncias y estudios sobre la seguridad de la planta, explicando por qué las medidas de fuerza sorpresivas no afectaron los equipos de trabajo.
Al finalizar el encuentro, los apoderados de la firma emitieron un nuevo comunicado en el que esperan “no vernos obligados a sufrir nuevas interrupciones”.
Además, los empresarios afirmaron que, al finalizar la audiencia, sufrieron agresiones por parte de los trabajadores.
En ese marco, los apoderados sostuvieron: “Estos hechos atentan contra el canal de diálogo que se busca mantener”, y adelantaron que iniciarán “las acciones judiciales correspondientes para que los responsables reciban las sanciones que corresponden”.
