La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), rechazó “cualquier intento de modificar la Ley 27.640 de Biocombustibles para regular la industria en favor de las grandes aceiteras concentradas en Santa Fe”.
La entidad, que reúne a fábricas de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, consideró que esa norma “establece un marco normativo de promoción para el sector con vencimiento en 2030″.
Los pequeños y medianos productores rechazan que las grandes compañías exportadoras de granos y aceites integradas, puedan también funcionar en el mercado interno con un mecanismo promocional que las afectaría directamente en la competencia, por escala y precios.
El régimen establecido por la Ley 27.640, continuador con modificaciones de la primera Ley de Biocombustibles número 26.093, “fue determinante para la realización de inversiones conforme las prioridades de emplazamiento y tamaño que el propio Estado definió”, recordó Federico Martelli, director Ejecutivo de Cepreb.
“Introducir cambios de la magnitud de los planteados en el proyecto original o en otros alternativos que aparecieron durante el tratamiento legislativo, implica una variación de las reglas de juego que vulneran la seguridad jurídica que tanto se pregona y pretendemos se institucionalice en Argentina”, recalcó.
Al igual que los fabricantes de biocombustibles de Córdoba, esa Cámara que reúne a productores Pyme de biodiesel, rechazó las iniciativas que promuevan la destrucción de un régimen que está en pleno funcionamiento para original otro.
“Observamos con preocupación que tras la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus otros actores del sector elaborador de biocombustibles, que oportunamente plantearon su negocio por fuera del régimen vigente y con destino al mercado externo, ahora se comportan como paladines de la desregulación cuando lo que quieren es regular a su favor. Es decir, propugnan la libre competencia pero eligiendo contra quienes competir”, enfatizó Cepreb.
En un comunicado, Martelli explicó que su Cámara no se opone “a rediscutir aspectos que se puedan mejorar el régimen en la medida que ello no implique su punto final seis años antes de lo legislativamente previsto”, señaló.
“Menos aún a maquillar una desregulación, cuando lo que se pretende es cambiar el destinatario de la regulación en favor de actores que planificaron sus inversiones con otro objetivo de negocio o, en algún caso, generar privilegios solo por ubicación geográfica”, indicó.
Como se conoce, el mantenimiento del régimen promocional de los biocombustibles fue objeto de un intenso debate durante el reciente tratamiento de la ley Bases, finalmente retirada por el Gobierno.
