Walter Eduardo Rago es un empresario de Santiago del Estero imputado por lavado de activos con fraude hacia el PAMI. De la resolución judicial se desprende que Rago actuaba bajo la firma "Anfala SRL", la actividad consistía en la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales, y más tarde se incorporó como actividad secundaria la venta al por menor de aves, huevos y productos de granja y de la caza.
El empresario procesado el 25 de septiembre de 2020, por el juez federal de la provincia tucumana, Guillermo Molinari, consideró que se trató de un circuito financiero ilícito con fraude hacia el PAMI, depositándolos en una cuenta bancaria propia y en la firma Anfala SRL. En tanto, la actividad avícola la utilizaba como pantalla para el lavado de dinero.
En la indagatoria, Rago aseguró que que "ejerció el comercio de manera legal y que su principal movimiento financiero fue de su negocio avícola o de productos de granja; que este negocio lo adquirió a un tercero, entregando una parte con dinero de una hipoteca que habían contraído con su pareja, y la otra parte lo pagó con lo obtenido de la explotación del negocio; que todas las operaciones que realizó estaban facturadas debidamente, habiendo
utilizado cheques para pagar todos los gastos y compras; y finalmente, que no es cierto que su actividad comercial tenga algo que ver con la causa del PAMI".
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Sin embargo, la fiscalía encontró incongruencias entre la declaración y los datos proporcionados por AFIP, ANSES y los respectivos bancos con los que operaba. Los elementos de prueba advierten que la actividad declarada por Rago como la "venta al por menor de aves, huevos y productos de granja" habría servido como pantalla de su real fuente de ingresos, habiéndose beneficiado económicamente con un fraude hacia el PAMI, que se encuentra procesado en orden al delito de fraude en
perjuicio de la administración pública, falsificación de recetas
médicas y asociación ilícita.
En definitiva, Rago habría introducido esos fondos en el circuito financiero, depositándolos en una cuenta bancaria suya y en la de la firma Anfala SRL., de la cual formaba
parte, con la única finalidad de darles la apariencia de tener un origen licito. Es por eso que se le aplica el artículo 303 inciso 1 del Código Penal.
El caso
La investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Santiago del Estero a cargo de Pedro Simón, se inició el 19 de junio de 2018, con la denuncia de la representante de la Unidad de información Financiera (UIF), de la que surge que el imputado habría efectuado diversas maniobras financieras a través de la firma de la que es socio.
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Esa empresa registró como actividad principal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales y luego, como actividad secundaria, la venta al por menor de aves, huevos, productos de granja y de la caza.
Rago apeló la primera instancia, sin embargo la Cámara Federal de Tucumán no dio lugar al recurso, confirmando el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de $ 1.000.000, dejando ordenado en su defecto la inhibición general de sus bienes.
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