Los agroquímicos son motivo de debate en diferentes ámbitos sociales, políticos y geográficos. Las miradas son diversas, desde quienes piden prohibir su uso, hasta aquellos que abogan por las buenas prácticas en las pulverizaciones y el manejo de dichos productos.
Sin duda, uno de los principales inconvenientes es la falta de reglamentaciones al respecto. Si bien la solución debería ser integral, cuando un municipio realiza algún tipo de reglamentación, se convierte en noticia, como por estos días lo es el partido bonaerense de 9 de Julio. Tras años de debate y la participación de varios actores -quizás ese es el secreto- se logró llegar a cierto consenso para regular el uso de fitosanitarios.
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Agroquímicos: principales puntos de la normativa de 9 de julio
La normativa establece una zona de exclusión de 200 metros para la aplicación terrestre y de 2.000 metros para la aplicación aérea. Fue votada por unanimidad en el deliberativo local.
"Es una ordenanza que fue trabajada aproximadamente durante dos años, con toda la evidencia puesta sobre la mesa y un trabajo a conciencia realizado, donde cada uno de los actores pudo volcar sus inquietudes y trabajar en esto" explicó la intendenta María José Gentile (PRO) a Radio Amanecer.
La jefa comunal recordó que su compromiso con esta normativa surgió durante la campaña electoral, coincidiendo en la necesidad de una legislación local ante la ausencia de una normativa nacional y provincial contundente.
La nueva ordenanza define, además, una zona de amortiguación también de 200 metros, donde la aplicación de fitosanitarios estará permitida bajo control y cumplimiento de ciertas normativas específicas.
Entre estas, destaca la incorporación de la figura del fiscalizador, además de crear un registro de fiscalizadores, que en su mayoría serán ingenieros agrónomos y serán gestionados por el municipio, siendo designados por sorteo.
De acuerdo con la ordenanza, el productor deberá convocar al fiscalizador con 48 horas de antelación a la aplicación, presentando toda la documentación necesaria, incluyendo las firmas del propietario del campo, del aplicador y del fiscalizador.
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Valoraciones desde la Sociedad Rural local
La Sociedad Rural local destacó que, gracias a la formación de una mesa de trabajo y al esfuerzo de varios años, se logró una “ordenanza mejor que la anterior”.
“Nuestro objetivo era contar con una ordenanza clara y de fácil interpretación, donde la mayoría de las disposiciones estuvieran incluidas en el cuerpo del texto, en lugar de quedar sujetas a una reglamentación que resultaba bastante ambigua, como ocurría en la ordenanza anterior. Por eso en este tiempo estuvimos reescribiendo un montón de cosas, y unas cuantas se tomaron en cuenta”, indicó Nicolás Capriroli, integrante de la Comisión Directiva de la entidad.
Lo que en este momento más les preocupa es que ese límite de 200 metros esté acordado en los mapas de una forma clara, ya sea con un alambrado, un camino para que no pueda prestarse a confusión.
¿Quiénes participaron en el debate?
Para la elaboración del texto de la norma participaron diversos sectores, como la Sociedad Rural, el Círculo de Ingenieros Agrónomos, Regional Aapresid 9 de Julio-Casares, CREA, INTA 9 de Julio, y la ONG Conciencia Agroecológica.
Entre Ríos en busca de una regulación
En la provincia litoraleña hace años que se intenta llegar a consensos para lograr una Ley de Agroquímicos, pero las posiciones diversas y a veces extremas sobre la temática, han dilatado la reglamentación.
Con la asunción del nuevo gobierno encabezado por Rogelio Frigerio, el debate se retomó nuevamente en la legislatura, donde desde principios de marzo, la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, comenzó el tratamiento del proyecto de ley que busca regular las buenas prácticas en el uso de fitosanitarios.
En estos meses, diversas voces han pasado y otras están en agenda, desde productores, ambientalistas, gente de la salud, las universidades, profesionales, expertos y los funcionarios de las diferentes áreas de gobierno. A tal punto que hasta se realizó una demostración a campo.
Desde la legislatura están esperanzados con obtener una ley consensuada antes de fin de año, pero mientras tanto continúan las controversias y quien decide en muchos casos es la Justicia, que además encomendó a las cámaras legislativas en avanzar con una norma.
