El Ministerio de Economía derogó una normativa que, durante más de tres décadas, impuso restricciones a la exportación de cueros bovinos. La decisión fue oficializada mediante la publicación de la resolución 537/1992 en el Boletín Oficial, que quedó sin efecto en el marco de una estrategia más amplia de liberalización del comercio exterior.
El cambio responde a la línea de desregulación que impulsa el Gobierno nacional, bajo la gestión del presidente Javier Milei. En los últimos meses, el Ejecutivo ya había avanzado en la eliminación de derechos de exportación sobre varios productos agroindustriales. En este caso puntual, se da continuidad a lo establecido en el decreto 70/2023, que limitó las facultades del Poder Ejecutivo para imponer barreras comerciales, y al decreto 38/2025, que redujo a cero las retenciones sobre las posiciones arancelarias vinculadas a los cueros.
Desde el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, señalan que la medida busca fomentar el crecimiento del comercio exterior, simplificar procesos, eliminar cargas impositivas consideradas distorsivas y mejorar la inserción de los productos argentinos en los mercados internacionales. En concreto, las exportaciones de cueros bovinos representan alrededor de 400 millones de dólares anuales, y se espera que la flexibilización normativa contribuya a aumentar ese volumen.
Además, la derogación de la resolución busca equiparar las condiciones de exportación de los cueros con las de otros productos del complejo agroindustrial, promoviendo una mayor integración al mercado global.
En paralelo, el Gobierno también anunció la eliminación del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA), un sistema creado en 2017 para registrar y fiscalizar a los operadores del sector. A partir de ahora, toda la información de productores y operadores comerciales será gestionada a través del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), lo que permitirá evitar duplicaciones y reducir trámites administrativos.
La unificación de registros entró en vigencia el pasado 6 de mayo y fue instrumentada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante la resolución conjunta 5673/2025.
Con estas medidas, el Gobierno busca sentar las bases para una mayor apertura comercial y eliminar obstáculos que, según argumentan desde la cartera económica, limitaban el desarrollo y expansión de sectores con potencial exportador.
