La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación anunció la derogación de una política que estuvo vigente durante casi 20 años y que representaba una de las múltiples intervenciones del kirchnerismo en la producción de bovinos en Argentina.
Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno revocó las normativas establecidas desde 2007 que imponían pesos mínimos obligatorios para la faena de bovinos. Estas regulaciones tenían como objetivo que los animales alcanzaran mayor peso antes de ser enviados a frigoríficos, pero nunca lograron el impacto esperado.
Para la actual gestión, estas medidas son hoy consideradas innecesarias, ya que los productores cuentan con el conocimiento, la experiencia y las herramientas necesarias para decidir cuándo faenar, considerando criterios productivos, comerciales y sanitarios propios.
La eliminación de estas regulaciones entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. Hasta entonces, los procedimientos administrativos iniciados y las infracciones previas seguirán su curso bajo las normas vigentes en su momento.
El Gobierno también señaló que la experiencia internacional demuestra que los países sin este tipo de restricciones han alcanzado mejores resultados, logrando mayores pesos promedio en la faena sin necesidad de imposiciones estatales.
Según Agricultura, esta decisión marca un paso importante hacia una regulación más moderna y racional, en la que el Estado deje de imponer barreras innecesarias y, en cambio, acompañe al sector productivo para aumentar su competitividad y fomentar el desarrollo.
La normativa original, instaurada en diciembre de 2007, establecía pesos mínimos para las categorías de novillitos y vaquillonas, además de sanciones por faenar terneros y mamones con pesos inferiores a los exigidos. En 2010, se fijaron límites más específicos (99 kilos por media res y 165 kilos de peso de res con hueso), y en 2019 se ajustaron nuevamente los valores diferenciándolos por sexo: 165 kilos para machos y 140 para hembras.
La Secretaría justificó esta decisión en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que promueve la desregulación económica general, eliminando normas que distorsionan el mercado y limitan la iniciativa privada.
El Ministerio de Economía, del cual depende Agricultura, argumentó que la normativa acumuló múltiples cambios que generaron incertidumbre para los productores, dificultando la planificación ganadera. Por ello, se busca restablecer reglas claras y estables que fortalezcan la libertad económica.
Además, se aclaró que el plazo hasta 2026 permitirá a los productores y frigoríficos adaptar sus procesos a este nuevo escenario, garantizando una transición ordenada hacia un sistema en el que cada productor decida el momento de faena según sus propios objetivos.
