Si bien no se logró el veto, sino tan sólo posponer la decisión tras generar consensos entre el sector público y el privado, la preocupación aún está presente en sectores como el yerbatero, el tealero, el foresto-industrial y el tabacalero. Los productores misioneros temen por la viabilidad de sus actividades al no existir aún un sustituto eficaz al glifosato, aprobado y reconocido, a lo que se suma la pérdida de competitividad frente a territorios limítrofes en los que el producto se encuentra totalmente habilitado como insumo agrícola.
En búsqueda de integrar la conservación del ambiente con la producción, el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca la importancia de promover instancias de intercambio y diálogo para que toda legislación que impacte directa o indirectamente en el sector productivo se sustente en bases sólidas, como el rigor técnico-científico de organismos nacionales (por ejemplo SENASA, máxima autoridad en fijar este tipo de normativas en nuestro país) e internacionales.
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La norma también establece que:
Los productores que deseen acogerse a la prórroga deberán inscribirse en un Registro y presentar la documentación que acredite las exigencias, acompañadas con un plan de transición hacia métodos amigables con el ambiente.
El Ministerio de Agro y la Producción deberá limitar la superficie de parcela en la que será utilizado el glifosato, sus componentes y afines. Además, deberá establecer la cantidad anual del producto utilizar.
El productor que acceda a la utilización de glifosato, sus componentes y afines, debe desarrollar medidas de mitigación de los daños consecuentes.
