Apoyado en las facultades otorgadas por la Ley de Bases, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 449/2025 que modifica las Leyes 24.196 (Inversiones Mineras) y 24.466 (Banco Nacional de Información Geológica). La medida busca reducir trámites engorrosos, optimizar funciones estatales y facilitar el avance de proyectos estratégicos como el cobre, el litio y el oro.
Desde el Ejecutivo aseguran que muchas de las cargas administrativas vigentes no tenían sentido práctico y complicaban más de lo que ayudaban. Por eso, decidieron simplificar procesos que antes requerían formularios eternos con más de mil campos de datos, muchos de los cuales ni siquiera estaban respaldados por la ley.
Uno de los cambios centrales apunta a cómo se verifican las inversiones realizadas por las empresas. A partir de ahora, ese trámite ya no exigirá completar planillas interminables. Bastará con que un profesional independiente elabore un informe técnico detallando los movimientos de inversión pasados. Eso no solo ahorra tiempo, también ordena el control estatal y elimina burocracia inútil.
Otro punto es la emisión del certificado de estabilidad fiscal, un documento que antes demoraba hasta un año en salir. El motivo era la necesidad de recopilar datos impositivos de distintas jurisdicciones (nación, provincias, municipios). Ahora, solo se requiere que el certificado mencione la fecha de presentación del estudio de factibilidad, que será el punto de partida para aplicar los beneficios fiscales. Con este cambio, el trámite debería resolverse mucho más rápido.
Además, el decreto busca resolver superposiciones dentro del propio Estado. Por eso, se reasignó formalmente la gestión del Banco Nacional de Información Geológica (BNIG), que pasa del Ministerio de Economía al Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). Si bien este organismo ya venía manejando gran parte de esa tarea, ahora queda oficializado que es el único responsable.
Desde ahora, todas las empresas inscriptas en el Régimen de Inversiones Mineras deberán aportar información geológica de superficie de las zonas exploradas, la cual será incorporada al banco de datos del Segemar. Ese repositorio tiene como objetivo centralizar toda la información geológica del país y ponerla a disposición para consultas públicas, desde fines científicos hasta proyectos de inversión.
La Ley de Inversiones Mineras, modificada por este decreto, busca fomentar el desarrollo del sector mediante beneficios impositivos, estabilidad fiscal y facilidades para importar bienes y servicios clave para la actividad. En paralelo, el BNIG (creado por ley en 1995) es una herramienta estratégica que recopila y ordena información proveniente de universidades, organismos estatales y prospecciones privadas para mejorar el acceso al conocimiento geológico en Argentina.
El decreto lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. Y ya está en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
