En lo que va del presente año el precio nominal del capón descendió de manera significativa, lo que implica que en términos reales –por efecto de la depreciación del peso argentino– registró una caída abrupta.
Pormag, el principal oferente de cerdos del mercado argentino que integra a más de 70 empresas de producción intensiva de porcinos, tiene un precio de venta del capón de 1100 $/kg, aunque algunos productores porcinos que no integran esa asociación están comercializando a valores menores a los 1000 $/kg.
“La caída estacional del precio del capón, que en condiciones normales suele ocurrir entre mayo y junio, este año se adelantó para presentarse a partir de febrero a causa de la contracción de la demanda interna”, comenta Juan Pablo Cerini de El Hinojo, empresa integrante del CREA Victoria (región Litoral Sur) que cuenta con una granja porcina y una red de carnicerías propias en Entre Ríos.
“En las siete carnicerías propias, en marzo pasado la cantidad de clientes se mantuvo prácticamente estable, pero el volumen de carne despachada se retrajo un 17% respecto del mismo mes de 2023, lo que refleja el impacto de la caída del poder adquisitivo de la población”, explica.
Ese problema se agravó porque en marzo pasado el gobierno nacional, por medio de la Comunicación “A7980” del Banco Central y la resolución general 5490/2024 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, determinó que las importaciones de una serie de alimentos –entre los cuales se incluye la carne porcina– pueden disponer de las divisas necesarias para poder concretar esa operación en un plazo de 30 días.
La regla general al respecto comprende actualmente un esquema de pagos en cuatro cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días, lo que implica, en muchas situaciones, que los importadores deben financiar las compras con dólares propios hasta poder recibir la totalidad de las divisas comprendidas en la operación.
También se determinó suspender, por una plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las Ganancias a las importaciones de los alimentos básicos comprendidos en la medida oficial.
Eso implica, en los hechos, que las importaciones de alimentos comprendidos en la Comunicación “A7980” pasaron a recibir un incentivo cambiario e impositivo, lo que está impulsado el ingreso de bondiola proveniente de Brasil al mercado argentino, dado que ese corte no tiene demanda en el vecino país.
“Brasil, además de contar con compañías de gran escala que operan en un entorno macroeconómico ordenado, tiene múltiples convenios sanitarios y comerciales con muchos países y eso le permite exportar grandes volúmenes de productos porcinos”, remarca Juan Pablo.
“No es el caso de la Argentina, que no puede ni siquiera exportar carne porcina a Uruguay o Chile al no tener convenios sanitarios habilitados con ambos países; a China, un gran consumidor, solamente podemos enviar seis cortes porcinos”, agrega.
También vale mencionar que las granjas porcinas brasileñas pueden emplear un promotor de crecimiento muscular, la ractopamina, que no está habilitado por la Argentina.
En términos de costos, la caída del precio internacional del maíz –que se refleja en el mercado argentino– contribuye a evitar que el problema de demanda se transforme en una cuestión crítica.
“La foto de la situación del sector es oscura y la producción está realizando un gran esfuerzo, pero esperamos que en el transcurso de este año se reactive el consumo interno y se consoliden las negociaciones comerciales con países importadores para poder incrementar las exportaciones”, comenta Juan Pablo.
La gran duda presente en el sector –en realidad en todos los sectores exportadores– es qué sucederá cuando el gobierno logre el propósito de unificar el tipo de cambio, dado que la competitividad cambiaria constituye un factor esencial para poder incrementar las ventas externas de productos agroindustriales y generar divisas.
“En la actual coyuntura el principal obstáculo en el sector es la caída de poder adquisitivo de la gente sin que haya posibilidad, como sucede en el sector cárnico vacuno o lácteo, de incrementar las exportaciones en grandes volúmenes”, comenta Manuel Nicolás, gerente Producción y Comercialización de Cerdos de Lartirigoyen y Cía, empresa integrante del CREA Atreuco (región Oeste Arenoso).
Para intentar subsanar ese inconveniente, seis empresas porcinas (Lartirigoyen, Las Lilas, Las Taperitas, La Payana, Los O’Dwyer y Llorente Hnos) crearon el Grupo 5L, que a fines de febrero pasado logró exportar su primer contenedor de productos porcinos a Costa de Marfil.
“En el mundo el cerdo está estructurado en base a economías de escala y en la Argentina tenemos que seguir ese mismo camino para poder genera valor e incrementar las exportaciones”, apunta Manuel.
El Grupo L inauguró además un centro de distribución de carne fresca y fiambres en la localidad bonaerense de Pilar para distribuir entre mayoristas y minoristas productos con marca propia.
“Las empresas porcinas argentinas son muy competitivas; solamente necesitan reglas de juego claras y un sinceramiento de las cuestiones impositivas para poder salir adelante”, resume.
Uno de los reclamos sistemáticos realizados por el sector es el relativo a la modificación del IVA al 10,5% para la carne de cerdo, el cual comenzó a regir en 2018 para equiparar su situación con la presente en la carne vacuna. Eso provocó que muchas empresas del sector porcino pasasen a tener saldos técnicos de IVA imposibles de recuperar porque las inversiones –que son cuantiosas– se realizan en su mayor parte con insumos y servicios que tributan una alícuota del 21%.
