El de la localidad de Colonia Ensayo, departamento Diamante, en la provincia de Entre Ríos seguramente es uno de los tantos casos, especialmente en la zona agropecuaria del país, donde se generan conflictos respecto a las distancias y otras cuestiones relacionadas a las fumigaciones de cultivos y pasturas.
Colonia Ensayo era y es una pequeña localidad a la vera de la Ruta Provincial N° 11, a unos 17 kilómetros de Paraná, la capital provincial. Se trata de un lugar tranquilo, rodeado de campo y por ende de producción agropecuaria, ganadería, entre otras. Sin embargo, en los últimos años, el negocio inmobiliario fue avanzando y con la necesidad de vivienda y el deseo de muchos de escaparse de las grandes ciudades y estar cerca a la vez, llevó a que se demarquen nuevos loteos en toda esa región de la provincia.
Según los papeles todo está en regla, por lo que progresivamente muchas familias comenzaron a adquirir su lote, construir sus viviendas y proyectar su futuro en el lugar, uno de los más productivos y ricos de la provincia litoraleña.
Sin embargo, quizás al momento de brindar las correspondientes autorizaciones, no se tuvo en cuenta una verdadera planificación urbana; sobre todo, que los límites entre el campo y la ciudad estaban cada vez más cerca y por ende, hay productores que aseguran que "estaban primeros y para producir sí o sí hay que fumigar", mientras que los nuevos vecinos sostienen que "la salud está en riesgo, que tienen derechos y que pagaron por su terreno".
De esa manera, se pone en la balanza la salud y la producción de alimentos, dos pesos fuertes y ambas partes tienen sus razones y motivos para reclamar. Es así, que desde ese un momento comenzó el conflicto que ya lleva meses.
A la Justicia
Al no poder llegar a un acuerdo, un grupo de vecinos que se sentían afectados por las aplicaciones, comenzaron el camino de la Justicia.
Fue en ese ámbito que el vocal de la Cámara, Emilio Matorras había resuelto que rigieran las distancias mínimas que establece el decreto Nº 2.239/19 para las escuelas rurales. Esta normativa establece límites de 100 metros para las pulverizaciones terrestres y 500 metros para las aéreas. La prohibición se extiende para el caso de productos más potentes de “clase toxicológica 1a 1b y 2 dentro del radio de tres mil (3.000) metros contados desde el límite de los quinientos (500)” impuesto para los menos venenosos.
La medida fue apoyada por el propio fiscal de Estado de Entre Ríos, Dr. Julio Rodríguez Signes, quien había afirmado que era un "fallo lógico" el del vocal Emilio Matorras. Si bien el tema no estaba terminado y tampoco contaba con el total concenso de la comunidad, al menos llevaba cierta calma.
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Incumplimiento
No obstante la medida judicial vigente, dos agricultores lindantes al barrio Tierra Alta, el 5 de enero por la noche realizaron aplicaciones a una distancia aproximada de 325 metros del loteo, con un producto de clase 2, denunciaron los vecinos. Este dato lo pudieron constatar en la exposición realizada en sede policial, donde uno de los productores había presentado la receta agronómica. Según cuentan, les llamó la atención que los uniformados desconocían los alcances del amparo y las limitaciones establecidas por la Justicia. Es por ello, que ahora nuevamente estos casos serán presentados en Tribunales para que se investigue si hubo incumplimiento de la orden judicial.
“Otra vez quedamos expuestos, otra vez no dieron las alertas, otra vez nadie se comprometió en nada, otra vez hubo errores en las interpretaciones de las leyes y resoluciones del juez, y otra vez los únicos afectados fuimos los vecinos, donde más allá de las denuncias el daño ya está hecho, porque ya nos fumigaron”, lamentó la presidenta de la Comisión Vecinal, Ximena Rosso.
De acuerdo a lo informado en la comisaría, un vehículo tipo mosquito comenzó a esparcir pesticidas en un campo lindante al loteo –propiedad de Darío Barón–, algo que fue constatado por los uniformados que fueron alertados telefónicamente. Es así que se determinó que la pulverización denunciada se realizaba con un producto tipo 2 a unos 325 metros, según se calculó mediante la herramienta de mapeo que proporciona la plataforma Google Maps. Además, la normativa citada fija un sistema de alerta previa, de aviso de la fumigación con 48 horas de anticipación que no se realizó “y no habiendo barrera vegetal”, se hizo notar en la presentación policial. Así el poblador que expuso la situación señaló que quedó “expuesto junto a su hija y pareja al impacto de los agrotóxicos a riesgo de generarle graves afecciones sistémicas y metabólicas, con el agravante que el exponente padece de asma bronquial, estando medicado diariamente”, se especifica en el documento que suscribe el comisario Arnaldo Andrés Zandomeni.
Ese mismo día, y con el mismo servicio de fumigación, se roció otro lote contiguo, el de Héctor Barón, pero por esta aplicación todavía no se ha encontrado la receta. Se sospecha que no se habría presentado la fórmula en la comisaría como corresponde, lo cual configuraría una situación más compleja, ya que también se realizó por fuera del perímetro de restricción y sin preaviso. Los propietarios de los campos, Darío y Héctor Barón, son los antiguos dueños donde se emplaza ahora la urbanización. “Venden para lotear y después nos fumigan”, lanzó una vecina planteando la paradoja.
El tema sigue abierto y seguramente habrá polémica para rato, pero como ya expusimos, debe ser uno de los tantos casos, algunos más visibilizados que otros, que se plantean en la región productiva de Argentina, donde quizás una de las principales falencias es la falta de planificación urbana y la indecisión por aplicar de manera firme las normativas vigentes para cada una de las partes.
