
El próximo 30 de junio vence el decreto que redujo transitoriamente las retenciones a la soja y al maíz. De no prorrogarse, las alícuotas volverán al 33 % y 12 %, respectivamente, generando preocupación en el sector agropecuario, que insiste en que los márgenes ya son insostenibles. Entidades rurales como CRA y Coninagro salieron a reclamar con fuerza la continuidad del beneficio.
Desde el agro aseguran que “los números no cierran” y que mantener la rebaja es sumamente importante para no seguir perdiendo competitividad. En ese marco, tanto Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) como Coninagro pidieron al Gobierno que prorrogue el decreto que actualmente reduce los Derechos de Exportación (DEX). A la movida se sumaron otras entidades como Carbap y distintas sociedades rurales del interior, que fueron aún más tajantes ya que hablaron de “robo institucionalizado”.
Según explicó Coninagro, la medida fue implementada en medio de procesos productivos aún en curso, por lo que eliminarla ahora generaría un fuerte golpe para muchos productores. “Solicitamos al Gobierno Nacional que, con la premura que requieren los tiempos, se tomen las medidas apropiadas para corregir esta desigualdad que va a generar la caída de la rebaja de dichos Dex”, señalaron en un comunicado.

Desde CRA también expresaron su preocupación: “El escenario actual, con precios internacionales en baja, costos internos elevados y márgenes mínimos o nulos, exige medidas urgentes y concretas. No se puede seguir improvisando”.
A las entidades se sumó el análisis del economista David Miazzo, quien detalló tres razones por las que el Gobierno podría evitar la suba: impacto fiscal moderado, necesidad de estimular el ingreso de divisas, y contexto electoral. Según Miazzo, aún queda una parte significativa de la cosecha por liquidar (cerca del 60 % de la soja y la mitad del maíz tardío), lo que abre una ventana de oportunidad si se busca incentivar ventas.
“El campo todavía tiene mucho para ofrecer, y eso sería clave en un segundo semestre electoral. Sostener los incentivos podría darle aire al Gobierno sin resignar demasiado en lo fiscal”, aseguró.
Además de las implicancias económicas inmediatas, desde las entidades rurales advierten sobre el impacto a mediano plazo. CRA enumeró algunas consecuencias directas de restablecer los DEX: caída en la inversión en tecnología, pérdida de competitividad, reducción del empleo (especialmente en economías regionales) y menor recaudación por menor actividad económica.
Coninagro también insistió en la necesidad de contar con previsibilidad: “Solo pedimos reglas claras y duraderas. Necesitamos la libertad y la rentabilidad suficiente para seguir invirtiendo y producir en línea con el desarrollo tecnológico actual”.
El reclamo no es nuevo, pero cobra fuerza a días de que finalice la rebaja. El campo redobla la presión, y la pelota queda ahora en la cancha del Gobierno, que deberá decidir si insiste con la suba (como anticipó el propio presidente Javier Milei) o si extiende la medida para evitar un nuevo foco de tensión con uno de los sectores más relevantes de la economía argentina.