La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron hoy su profunda preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia emitido esta semana por el Gobierno Nacional interviniendo en la empresa Vicentín SAIC.
La industria agroexportadora considera que se deben respetar todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo aleja las inversiones en el país.
CIARA y CEC señaló que el comercio exterior agroalimentario es parte esencial de la economía argentina y todas las empresas que conforman el complejo agroindustrial exportador son miembros de la comunidad nacional. Toda la operatoria de comercialización de granos y subproductos con el exterior se encuentra altamente regulada y controlada por eficientes organismos del Estado nacional que tienen capacidad para detectar
irregularidades y corregirlas.
De hecho, en la Argentina cada exportación es pre-autorizada y los precios de cada embarque son controlados diariamente por el Estado Nacional. Asimismo, el ingreso de divisas de las exportaciones de granos y derivados está altamente controlado y es anticipado antes de que se produzcan los embarques, con plazos de ingresos y formas compulsivas de liquidación a moneda local (en productos como harina de soja, aceite de soja, poroto de soja y maíz el plazo de liquidación es 15 días corridos después del permiso
de embarque).
Este sector industrial es uno de los sectores económicos con mayores controles y regulaciones en materia de comercio exterior, que brindan seguridad en defensa de los intereses económicos del país.
La agroindustria de exportación procura defender las fuentes de trabajo, la producción, las ventas al exterior que realiza habitualmente, basadas en mercados y operaciones transparentes donde la Argentina ha logrado ser uno de los líderes internacionales.
Los planteos que ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria no se condicen con la realidad dado que el mercado interno en la Argentina representa el 15% de la producción total del país y toda la producción de granos la realizan miles de productores que habitan en suelo argentino. El concepto de soberanía alimentaria ha sido usado históricamente por países importadores para justificar restricciones a las exportaciones argentinas y perjudicar el empleo y el agregado de valor en el país.
La eventual participación del Estado nacional en el sector no es necesaria ni conveniente, con el claro potencial de distorsionar y afectar una industria pujante y que ha sido ejemplo mundial de inversiones privadas en innovación y desarrollo, generándose el “cluster” agroexportador privado más grande del mundo mediante la estabilidad de reglas.
Además, la intervención del Estado argentino no es el mensaje adecuado para la comunidad empresarial ya que, si no se consigue brindar certidumbre, el acceso al financiamiento internacional será muy difícil y el ingreso de divisas se pondría en riesgo.
Sin perjuicio de lo anterior, si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial.
