El paquete de desregulaciones que impulsa el Gobierno nacional para el sector vitivinícola encendió una fuerte preocupación entre productores, bodegas y especialistas. La posible modificación de la Ley Nacional de Vinos, la derogación de la Ley de Fraccionamiento en Origen y la eliminación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) son vistas por gran parte de la industria como un cambio de paradigma que podría comprometer la identidad y el futuro del vino argentino.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la reforma de la Ley Nacional de Vinos. El periodista especializado en vitivinicultura, Pablo Perez Delgado, sostuvo que la iniciativa permitiría prácticas hoy prohibidas, como el agregado de azúcar al vino y la denominada fermentación diferida.
En diálogo con el programa Agroleaks, de Neura Media, explicó que esta última consiste en conservar el mosto con sulfitos para detener su fermentación y retomarla cuando el productor lo considere conveniente.
"Nos convertimos en una fábrica de vinos. Esto va en contra de la Ley de Vinos, porque el vino es la uva fermentada y ese proceso ocurre una vez al año, después de la cosecha", afirmó.
Otra de las preocupaciones está vinculada con la posibilidad de importar excedentes de vino de otros países para mezclarlos con producción nacional. Según Perez Delgado, esta práctica pondría en riesgo uno de los principales activos de la vitivinicultura argentina: la trazabilidad y la diferenciación por origen.
"Si traemos vino de España para mezclarlo con vino argentino, deja de ser un producto con identidad definida. Se pierde un trabajo de décadas basado en el varietal, el terruño y la calidad", advirtió.
La eventual derogación de la Ley de Fraccionamiento en Origen también genera rechazo dentro del sector. Actualmente, esa norma garantiza que el vino sea envasado en la región donde fue elaborado, preservando su origen y permitiendo un mayor control sobre el producto.
De eliminarse esa obligación, el vino podría enviarse a granel para ser almacenado, mezclado y fraccionado en cualquier lugar, una situación que, según el especialista, abriría la puerta a maniobras que afectarían la transparencia y la reputación de la industria.
Además, Perez Delgado aseguró que detrás de este proceso existiría el respaldo de algunos de los principales jugadores del mercado, que podrían beneficiarse con un esquema de mayor flexibilidad comercial y una mayor capacidad para fijar el precio de la uva, en detrimento de los pequeños productores.
"Lo que preocupa es el nivel de detalle con el que está armado este proyecto. No parece una idea improvisada", señaló.
Mientras el Gobierno avanza con su agenda de desregulación, el debate ya divide aguas dentro de una de las economías regionales más emblemáticas del país. Para buena parte del sector vitivinícola, las reformas no representan una simple actualización normativa, sino un cambio profundo que podría modificar las reglas de una actividad con más de dos siglos de historia.
"En la industria están todos espantados porque sienten que estas medidas podrían romper 200 años de construcción de la vitivinicultura argentina", concluyó Perez Delgado.
Mirá la entrevista completa de Pablo Perez Delgado en Agroleaks acá:
