La Ley Ómnibus del Gobierno nacional plantea, entre otras cosas, una importante suba de los Derechos de Exportación (retenciones) para varias economías regionales y productos agropecuarios, razón por la cual desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitieron un comunicado explicando y detallando por qué este impuesto es perjudicial para la Argentina.
Según indicaron, "el nuevo esquema introduce nuevas distorsiones y generará problemas para los productores, menor inversión, menor empleo y más concentración de la producción".
Además, remarcaron que haciendo un "análisis costo-beneficio de los derechos de exportación", para muchas actividades productivas y, en particular en las economías regionales, "esta nueva presión tributaria perjudica notoriamente a los productores, y el beneficio a obtener por el fisco nacional es escaso".
Para CRA, las actividades productivas que quedarían más complicadas de aplicarse dicha suba de retenciones son: "vinos, algodón, carne ovina, aceite esencial de limón, tabaco, cadena forestal, cadena avícola, cadena porcina, floricultura, mandioca, aromáticas y especias", incluyendo también producciones regionales menores, como por ejemplo "semillas de chía, sésamo, poroto mung, cártamo y pisingallo".
Los ruralistas, sostuvieron además que "el problema de los derechos de exportación lleva larga data y la persistencia del impuesto es una apropiación adicional del Estado Nacional sobre la facturación de los productores, que son quienes soportan el impuesto pues los exportadores lo trasladan al precio interno final pagado".
Por estos motivos aseguraron que es "imprescindible eliminar las retenciones", al tiempo que subrayaron que "esta oposición tajante a los derechos de exportación la hemos mantenido desde su primera imposición y es una premisa irrenunciable en defensa de la producción que mantendremos sin importar el signo político de quien gobierne".
Tres ejemplos
Con el objetivo de tener una cabal comprensión de las afectaciones que producen los derechos de exportación, CRA tomó y analizó tres ejemplos.
Carne ovina
En el caso de la carne ovina, el 85% de la exportación proviene de la Patagonia. Los derechos de exportación de 5% fueron bajados a 0% en 2022. La abrupta suba a 15%, en un contexto de precios internacionales al 50% de su valor de años previos, limita toda posibilidad de exportar en 2024.
El beneficio para el fisco sería de entre USD 1,5 a USD 2 millones anuales, una cifra insignificante para el Estado, pero determinante para una producción de 2.000 productores proveedores de la exportación. Se le estaría quitando entre $ 500.000 y $ 800.000 a cada productor, afectando seriamente la actividad.
Vinos
En el caso de los vinos, la alícuota de derechos de exportación propuesta pasa de 5% a 8%. De cara a 2024, el mercado interno de los vinos sufrirá una fuerte caída de ventas por caída del poder de compra del salario, por el alza abrupta de la inflación, en medio del proceso de normalización de precios relativos comenzado desde el 11 de diciembre.
Por otra parte, a priori se espera una mayor cosecha, en un contexto importante de stocks, o sea habrá mayor oferta de vinos. En ese escenario, es clave la salida exportadora. Para los vinos varietales, en principio, el nuevo tipo de cambio ofrece mejores perspectivas. Pero en un sector que tendría exceso de oferta por caída del mercado interno, aumentar los derechos de exportación, y no llevarlos a 0% será un golpe adicional sobre la rentabilidad de la cadena, tanto bodegas como productores, que son quienes cargarán con el costo mayor del problema.
Una posible recaudación por derechos de exportación del orden de USD 80 millones en 2024 no tiene impacto fuerte en las finanzas públicas, y sí lo tendrá en la rentabilidad de la producción.
Chía, cártamo y otras semillas
El caso de las semillas, como la chía, el cártamo, el sésamo, el poroto mung o el pisingallo presentan otros tipos de problemas, porque ante la introducción de derechos de exportación, el impacto negativo sobre productores de Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco sería enorme, y el beneficio para el Estado es mínimo.
Las exportaciones anuales de chía, semilla producida en provincias del NOA, rondan los USD 5 millones. La chía nunca tuvo derechos de exportación hasta ahora, y súbitamente pasaría a pagar una alícuota de 15%. Esto implicaría para el Estado una recaudación de algo menos de USD 769.500. Para los productores de chía, los derechos de exportación implican una baja de rentabilidad de 33%, considerando además el mayor costo por herbicidas, fertilizantes y otros costos por la aplicación del impuesto país sobre las importaciones.
Debe tenerse en cuenta que durante los últimos 20 años la producción de cártamo en el NOA ha sido una de las pocas alternativas económicamente rentables en invierno dada su baja necesidad hídrica. Es un cultivo 100% regional, concentrado principalmente en la provincia de Salta, a una distancia de 1.300 km de los puertos donde se exporta. Todo lo que se produce se exporta como aceite, generando ingresos genuinos de divisas sin afectar el consumo interno. El aceite que se exporta genera entre USD 5 a 10 millones anuales.
La implementación de retenciones al 15% provoca un duro golpe a este cultivo. El impacto en los magros márgenes, que equivaldrían a una baja de ingresos directos al productor de aproximadamente USD/ton 60, llevarían a su reducción o discontinuidad de este cultivo regional, afectando la contratación de servicios, generación de empleo y mano de obra, mayor demanda de insumos.
